¿Somos un país fiscalmente responsable?

Cecilia Cifuentes

Vamos a implementar entre 2020 y 2021 el mayor paquete de gasto fiscal de nuestra historia, con el objetivo muy necesario de atenuar la situación sanitaria y social más compleja del último medio siglo. Somos el único país de la región que puede financiar una política de esta magnitud, debido a que tuvimos un largo período de buenos resultados fiscales, que cambiaron en forma radical la situación de finanzas públicas que tuvimos durante gran parte del siglo pasado.

Sin embargo, ¿es cierto que somos tan responsables en materia de gasto público? ¿Ha sido la regla fiscal la que nos ha permitido enfrentar esta crisis con espaldas más sólidas que nuestros vecinos? Creo que es una verdad a medias, y es menos cierto aun lo que señalaba hace unos días el senador Carlos Montes: “La responsabilidad fiscal tuvo su origen en los gobiernos de centroizquierda”.

Si revisamos nuestra historia económica, podemos constatar que la responsabilidad fiscal fue una prioridad en los objetivos macroeconómicos del gobierno militar. Luego de que entre 1950 y 1973 el déficit del gobierno central fuera cercano a 3% del PIB en promedio, entre 1974 y 1989 se registró un superávit fiscal promedio de 0,3% del PIB. Es efectivo que los primeros gobiernos de la Concertación mantuvieron la responsabilidad fiscal como un eje importante, lo que culmina en 2001 con la creación de la regla fiscal.

Por supuesto, la regla fue un aporte importante en términos de política fiscal, sin embargo, no debemos olvidar que su implementación permitió tener un mayor nivel de gasto en esos años, basado en que el precio efectivo del cobre resultaba inferior a lo que se estimaba era su precio de largo plazo. La regla inicialmente permitió un mayor déficit fiscal, enmarcado en un criterio compartido y razonable, pero no fue pensada en sus inicios como un mecanismo para gastar menos, sino más.

Lo que ocurrió después —con un precio del cobre que se multiplicó por más de cuatro veces, generando por ende un aumento significativo de ahorro fiscal— no fue producto de la austeridad fiscal del mundo político, sino un enorme regalo que nos hicieron los chinos. Fue muy fácil en el período 2004–2013 ser fiscalmente responsables, ya que la regla (y sus modificaciones para hacerla más expansiva) permitieron un aumento del gasto de 7,3% real anual promedio, mientras el PIB creció a un ritmo de 4,8% en ese lapso. A pesar de los crecientes espacios de gasto, fue usual que en las discusiones presupuestarias los parlamentarios de centroizquierda siempre presionaran por mayor expansividad todavía. Todo parecía mezquino.

Lo que vino luego, cuando se revirtió parcialmente el espectacular aumento del precio del cobre, puso a prueba la mantención de la regla, y lo cierto es que la prueba no se pasó. A pesar de varias modificaciones de metodología y de metas, nunca se pudo recuperar el equilibrio fiscal, con un déficit estructural entre 2013 y 2019 que promedió un 1% del PIB, y un déficit efectivo de 2% del PIB, por supuesto acompañado de un aumento importante del endeudamiento.

¿Por qué es relevante tener claro lo anterior? Porque entre 2020 y 2021 tendremos un deterioro fiscal muy significativo, y en pro de recuperar el crecimiento y resolver los problemas sociales que nos heredará el coronavirus, recuperar la sostenibilidad fiscal será una condición absolutamente necesaria. Es de esperar que el mundo político esta vez sí priorice la responsabilidad en el gasto, porque hasta ahora no lo ha hecho. Debemos partir por reconocer las serias debilidades que hemos tenido en este campo.